Madrid, 6 de febrero de 2026.

La entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la reforma judicial que implanta el nuevo Tribunal de Instancia ha abierto una etapa de profunda transformación del sistema judicial español. Para Carmen Giménez, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y candidata a decana en las elecciones del próximo 26 de febrero de 2026, el cambio de modelo era necesario, pero su implantación está siendo “precipitada, desigual y carente de los medios adecuados”.

Giménez explica que la reforma busca superar el antiguo sistema de juzgados mediante una nueva organización judicial que permita un mejor reparto de la carga de trabajo y una mayor unificación de criterios. Sin embargo, advierte de que el contexto en el que se ha puesto en marcha no era el más favorable.

“Partimos de una Justicia colapsada, con graves carencias en infraestructuras, personal y tecnología. Esto ha provocado que, desde su implantación, se haya generado una situación caótica, especialmente en los partidos judiciales de mayor tamaño”, señala.

Un cambio necesario, pero mal acompañado

La implantación por fases del nuevo modelo ha provocado diferencias significativas entre territorios. En la denominada Fase III, que afecta a grandes partidos judiciales como Madrid, se ha evidenciado que los medios disponibles no permiten una transición ordenada. A ello se suma, según Giménez, una “resistencia al cambio” por parte de algunos operadores jurídicos, que dificulta aún más la adaptación al Tribunal de Instancia.

En cuanto a la agilidad de la Justicia, la vicedecana se muestra prudente:

“No veremos resultados a corto plazo”. La introducción de los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), aunque concebida para aliviar la carga judicial, está ralentizando inicialmente la presentación de procedimientos sin que exista garantía de una reducción real de la litigiosidad.

El papel clave de la Procura

En este escenario de transición, Carmen Giménez reivindica el papel esencial de procuradores y abogados. “En el día a día nos encontramos con funcionarios que desconocen su puesto, expedientes que se mueven entre papel y formato electrónico y continuos cambios organizativos. En este contexto, la labor del procurador a pie de oficina judicial es hoy más imprescindible que nunca”.

Giménez subraya que la adaptación al nuevo sistema requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una actitud colaborativa entre todos los operadores jurídicos. “Jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores debemos asumir que solo desde la cooperación podremos convertir la Justicia en un verdadero servicio público de calidad”.

Gobernanza leal y mirada al ciudadano

La candidata a decana insiste también en la necesidad de una cogobernanza leal y transparente entre administraciones. “Nos jugamos algo esencial: el respeto al derecho fundamental de acceso a la Justicia y a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos”.

Respecto al futuro, Giménez reconoce que no es fácil ser optimista sin matices. Superar las inercias del pasado —el exceso de papel, las reticencias al cambio o la falta de implantación tecnológica real— exigirá tiempo y pedagogía. Aun así, confía en que el nuevo modelo pueda mejorar la respuesta al ciudadano si se trabaja en la dirección correcta.

Un llamamiento al cambio de mentalidad

Como conclusión, Carmen Giménez lanza un mensaje claro: “Se ha superado la antigua organización judicial y todos debemos cambiar la mentalidad. El Tribunal de Instancia ha venido para quedarse. Los ciudadanos no pueden quedar al albur de interpretaciones o desajustes organizativos. Es necesario un esfuerzo colectivo para que este sistema funcione cuanto antes”.

Un mensaje que resume su visión transformadora y proactiva de la Justicia y de la Procura: realismo, experiencia y compromiso con un servicio público esencial.